RTVE es una bomba de relojería para Mariano Rajoy. Y es que más lejos de las anomalías en sus cuentas, el Director popular podría verse obligado a devolver a las empresas de telecomunicaciones los 650 millones que han pagado en los tres últimos años para costear la televisión profusa y cumplir con el régimen de financiación constituido por el Gobierno Zapatero. La incógnita está en garras de la legalidad europea, luego de que en marzo de 2011 la Comisión denunciara ante el Juzgado de la UE la tasa sojuzgada a las telecos españolas para subvencionar TVE y compensar la supresión de la divulgación. Fuentes del lugar advierten que la solución es inaplazable Bruselas ya tumbó el prototipo francés, muy ídem al español.
La decisión puede estar en manos de Bruselas
El revés se produciría en un momento flojo para la cadena de televisión. El gobernante de la Corporación, Leopoldo González-Echenique, reconocía la semana antigua en el ágora que la generalidad registrará un pasivo de 105 millones en 2012, al no poder responsabilizar en su universalidad el ajuste de 200 millones bosquejado por el Gobierno. Por si fuera poco, además avanzaba que las cuentas del ejercicio tendrán aclaraciones por parte de la auditoría, que desde hace tres años interpela los proporciones de la compañía por no enmendar el importe de sus eficientes –sobre todo sus inmuebles-. Como rentista de referencia de RTVE, el mismo árbitro de la SEPI, Ramón Aguirre, apuntaba días atrás que la administración de la compañia está manipulada y los recuentos sobrevalorados.
La ley de financiación compele a los operadores de telefonía a aportar un 0,9 por centenar de sus ingresos para socorrer la cadena profusa. Según las rebajas anunciadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y perfeccionar en las cuentas de RTVE, las casas abonaron 225,97 y 218,72 millones en 2010 y 2011, respectivamente. Pese a la crisis, si la facturación de las instituciones evoluciona en la misma línea en el presente ejercicio, la unidad sufragada por este pensamiento superará los 650 millones de euros. Un dinero que las compañías han tenido hasta ahora que abonar, por inmenso que hayan interpuesto todos los procedimientos a su disposición para paralizar el entrega y alcanzar su devolución.
